Xalapa, Ver. - Emiten comunicado público denunciando violaciones laborales y posibles delitos financieros cometidos por la cúpula estatal del partido /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 12 Jun 2025

A través de un comunicado difundido en redes sociales, un grupo de presuntos trabajadores del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz denunció que permanecerán sin sueldo durante los próximos seis meses por decisión del presidente estatal Adolfo Ramírez Arana, quien les informó que las prerrogativas del partido están “comprometidas” con gastos de campaña. La medida, señalan, fue impuesta de manera unilateral y sin sustento legal.

En el documento, dirigido a la opinión pública, a militantes, autoridades electorales y medios de comunicación, los afectados aseguran que se trata de una “negativa ilegal” que viola sus derechos humanos y laborales. Acusan que el argumento financiero carece de respaldo documental y que se trata de una retención indebida de salarios, lo cual afecta directamente su sustento y el de sus familias. También advierten que detrás de esta decisión podría haber un esquema de simulación de gastos y posible desvío de recursos.

Entre las irregularidades denunciadas, destaca un contrato firmado entre el Secretario de Finanzas del PRI estatal, Sergio Lajud Aburto, y un contador externo, Daniel Espinoza Guzmán, quien estaría a cargo de elaborar los informes financieros y brindar asesoría en transparencia. El contrato, avalado por la tesorera Ingrid Yareli Huerta Rubio y la contralora estatal Esperanza Ivet Leyva Eufrasio, transfiere funciones que —según los estatutos del partido— corresponden exclusivamente a órganos internos.

Especialistas en derecho constitucional y penal, citados por los trabajadores, alertan que los hechos podrían configurar delitos como abuso de funciones, desvío de recursos públicos, asociación delictuosa y retención ilegal de salarios. Advierten que existe un posible plan concertado para ocultar el uso indebido de las prerrogativas asignadas por la autoridad electoral, estimadas en aproximadamente 3.5 millones de pesos mensuales.

El comunicado exige la intervención inmediata del Instituto Nacional Electoral (INE), del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, de la dirigencia nacional del PRI y de las autoridades fiscales y judiciales, a fin de auditar los recursos, remover a los responsables y restituir los salarios a los trabajadores. “El PRI de Veracruz no puede ser rehén de un grupo minoritario de funcionarios corruptos que han convertido las prerrogativas públicas en botín personal”, concluyen.

La denuncia, acompañada por un contrato disponible en línea, ha comenzado a generar reacciones entre sectores políticos y ciudadanos, lo que podría derivar en investigaciones más amplias y consecuencias penales para los implicados.