Xalapa, Ver. - Por primera vez en la entidad, Personas Privadas de la Libertad participaron en una jornada democrática para elegir autoridades municipales, en un ejercicio que refuerza el principio de presunción de inocencia. /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 03 Jun 2025

En un hecho sin precedentes en la historia electoral del estado, 957 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en prisión preventiva ejercieron su derecho al voto anticipado para elegir alcaldías, en un proceso coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Nacional Electoral (INE), realizado en cinco centros penitenciarios veracruzanos. La jornada, que transcurrió en condiciones de paz y con medidas de seguridad reforzadas, representa un paso significativo hacia una democracia más incluyente.

La votación se llevó a cabo con base en una lista nominal previamente validada, conforme al marco jurídico que reconoce los derechos político-electorales de las personas que no han sido sentenciadas. Se instalaron 34 casillas distribuidas de la siguiente forma: 10 en Amatlán de los Reyes (451 votantes), 15 en Pacho Viejo (329), cuatro en Misantla (109), tres en Jalacingo (40) y dos en Zongolica (28). Este esfuerzo institucional busca garantizar el acceso pleno al sufragio y fortalecer los principios de legalidad y presunción de inocencia.

Un ejercicio que dignifica derechos

De acuerdo con autoridades del INE y la SSP, la jornada se desarrolló con estricto apego a protocolos de seguridad y legalidad. El dispositivo implementado en los centros penitenciarios permitió que funcionarios de casilla y observadores realizaran su labor con libertad y garantías, sin alteraciones al orden interno. Esta acción se enmarca en la política de derechos humanos impulsada por el Estado mexicano y responde a recomendaciones internacionales sobre justicia electoral.

Democracia incluyente: más allá de los muros

Este ejercicio fortalece el vínculo entre justicia y democracia, al reconocer que el encarcelamiento preventivo no debe implicar la suspensión de derechos civiles. En palabras de los organizadores, se trata de una victoria legal y ética para quienes aún no han sido sentenciados, pero que históricamente han sido excluidos del proceso electoral.

¿Por qué importa?

La participación de 957 personas privadas de la libertad no solo representa un avance logístico y normativo para el INE y la SSP, sino también un mensaje político poderoso: la democracia no termina donde comienza una reja. Esta jornada sienta un precedente para futuras elecciones en todo el país.

“El derecho al voto no debe depender de la condición jurídica, sino del principio universal de dignidad humana.”