Washington, EU - La administración Trump podrá revocar el parole humanitario otorgado a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; organizaciones advierten consecuencias devastadoras. /

Redacción Bitácoras Políticas | Washington, EU | 30 May 2025

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del expresidente Donald Trump revocar de manera inmediata el permiso de estancia temporal conocido como parole humanitario a más de 500 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida, aprobada con cinco votos a favor y dos en contra, levanta una orden judicial que impedía cancelar este beneficio migratorio, vigente desde la administración de Joe Biden.

Aunque la resolución no representa un fallo definitivo sobre la legalidad del programa —pues el caso sigue pendiente en una corte de apelaciones—, sí permite al gobierno federal iniciar acciones inmediatas que podrían dejar en situación irregular a cientos de miles de personas que ingresaron legalmente bajo el programa CHNV (por sus siglas en inglés).

Trump endurece política migratoria y pone en riesgo a miles de familias

El parole humanitario fue implementado en octubre de 2022 para venezolanos y extendido en enero de 2023 a haitianos, cubanos y nicaragüenses. Su objetivo era ofrecer protección temporal a quienes cumplieran estrictos requisitos de seguridad, salud y patrocinio económico. Con esta decisión, los beneficiarios enfrentan ahora dos escenarios críticos: abandonar el país de forma voluntaria, con los riesgos que implica regresar a contextos de violencia y pobreza; o permanecer y exponerse a procesos de deportación inmediata.

Las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor votaron en contra, advirtiendo que esta acción podría tener “consecuencias devastadoras” sobre los medios de vida y la seguridad de cientos de miles de personas mientras sus derechos legales aún están bajo litigio.

Inquietud legal y humanitaria ante posible ola de deportaciones

La jueza federal Indira Talwani, cuya orden judicial fue suspendida por la Corte, había argumentado que el gobierno malinterpretaba la legislación migratoria al tratar de aplicar expulsiones rápidas (expedited removal) a personas que ingresaron legalmente bajo el CHNV. La revocación de su resolución deja sin protección a miles de familias en medio de un clima de incertidumbre.

Organizaciones de derechos humanos y defensores migratorios han llamado al Congreso y a las cortes de apelación a intervenir con urgencia para evitar una posible crisis humanitaria. Denuncian que las medidas del gobierno republicano buscan endurecer la política migratoria recurriendo incluso a leyes del siglo XVIII para justificar deportaciones masivas, como ocurrió con venezolanos enviados recientemente a El Salvador bajo acusaciones no probadas de criminalidad.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha detallado el calendario ni los procedimientos operativos para ejecutar la revocación del parole, ni ha aclarado si los migrantes contarán con recursos legales individuales. Mientras tanto, la comunidad migrante queda atrapada en un limbo legal, enfrentando una amenaza inminente a su permanencia y seguridad en territorio estadounidense.