Redacción Bitácoras Políticas | Boca del Río, Ver. | 29 May 2025
A escasos días de la jornada electoral, el Ayuntamiento de Boca del Río ha sido acusado de violar la normatividad vigente al distribuir apoyos sociales durante el periodo de veda. Según denuncias ciudadanas, personal del DIF municipal y de la Dirección de Desarrollo Social entregó láminas y otros insumos en la colonia Venustiano Carranza, presuntamente por instrucciones del alcalde Juan Manuel de Unanue Abascal.
Los señalamientos apuntan directamente a Leopoldo Domínguez Zamudio, director de Desarrollo Social, y a José Antonio Gómez Ruiz, funcionario del DIF, como operadores de esta acción, la cual podría constituir una violación al artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales durante los días de silencio previo a las votaciones.
Demandas de intervención federal y estatal
Testigos en la zona afirmaron que los apoyos se entregan de forma selectiva, priorizando simpatizantes del partido en el poder local. Organizaciones sociales y representantes partidistas han solicitado la intervención urgente del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a fin de que se investigue y, en su caso, sancione a los funcionarios involucrados.
La presunta operación irregular se da en un contexto altamente sensible, donde la legalidad y la equidad del proceso están bajo constante escrutinio. De confirmarse los hechos, podría configurarse un delito electoral que amerita sanciones administrativas e incluso penales.
Reiteran exigencia de piso parejo
La situación en Boca del Río reaviva el debate sobre el uso de programas sociales con fines partidistas. Diversos sectores han reiterado la urgencia de garantizar un “piso parejo” en la contienda electoral y de asegurar que ninguna autoridad utilice su posición para beneficiar candidaturas.
Por ahora, ni el Ayuntamiento ni los funcionarios señalados han emitido postura oficial. Mientras tanto, la ciudadanía y actores políticos exigen transparencia, legalidad y vigilancia efectiva por parte de las autoridades electorales. La confianza en el proceso democrático —advierten— está en juego.
