Ciudad de México - Claudia Sheinbaum Pardo vs la autonomía de las Fiscalías /

Redacción Bitácoras Políticas | Ciudad de México | 17 May 2025

El gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma constitucional que elimina la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales, con el objetivo de devolver al Ejecutivo federal y a los gobernadores la facultad de designar directamente a sus titulares. De acuerdo con fuentes del Congreso y de la Presidencia, el proyecto ya cuenta con un borrador elaborado por la Consejería Jurídica y se prevé su discusión en el próximo periodo ordinario de sesiones, hacia finales de este año. La propuesta busca revertir el esquema vigente desde 2014, que consagró la independencia del Ministerio Público frente al poder político.

La reforma restablece la subordinación de los fiscales al jefe del Ejecutivo, al igual que ocurría en el sistema anterior con los procuradores de justicia, quienes podían ser removidos a discreción del mandatario en turno. Según Morena, el modelo actual ha obstaculizado el combate a la corrupción, al dejar en manos de fiscales presuntamente afines a gobiernos anteriores decisiones clave para la procuración de justicia. Como parte de los cambios, el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, podrá concluir su mandato hasta 2028, pero su sucesor será designado ya bajo el nuevo marco legal.

El argumento oficialista parte de una crítica al desempeño de las fiscalías autónomas, señaladas por su ineficacia, su falta de resultados y su eventual captura por intereses partidistas o personales. Uno de los casos que motivan la reforma es el de Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato por más de una década, a quien se le ha acusado de proteger redes criminales en un estado dominado por el PAN y asolado por la violencia. También se alude a conflictos en Morelos y Tamaulipas, donde los fiscales han chocado con gobiernos de Morena.

En contraste, especialistas como Ana Laura Magaloni consideran que la autonomía, si bien imperfecta, ofrecía una oportunidad para construir instituciones profesionales y ajenas a las órdenes del Ejecutivo. A su juicio, la independencia no significa confrontación política, sino capacidad técnica y libertad para actuar sin injerencias. Sin embargo, advierte que ningún modelo funcionará sin una transformación de fondo en la estructura operativa y los recursos humanos de las fiscalías.

La reforma de 2014, promovida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, había sido celebrada como un avance institucional. Permitió que el fiscal general durara nueve años en el cargo, más allá del sexenio presidencial, y estableció un proceso de designación a cargo del Senado. No obstante, su implementación fue polémica desde el inicio: se pretendía que Raúl Cervantes, entonces procurador vinculado al PRI, asumiera automáticamente la nueva fiscalía, lo que generó rechazo ciudadano. El lugar terminó ocupado por Gertz, designado en 2019 a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El regreso a un modelo centralizado implica un cambio de rumbo en la política de justicia. Morena defiende su viabilidad bajo la premisa de que la autonomía, en la práctica, no ha garantizado eficiencia ni imparcialidad. La oposición y organizaciones civiles, en cambio, temen una regresión autoritaria disfrazada de pragmatismo. El debate, más allá de lo jurídico, abre una discusión profunda sobre la institucionalidad democrática y el papel del poder en la administración de justicia.