Xalapa, Ver. - Sesión de la LXVII Legislatura de Veracruz /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 17 May 2025

El Congreso del Estado de Veracruz, en su LXVII Legislatura, ha sido calificado como uno de los menos transparentes y productivos del país. A siete meses de haber iniciado funciones, el Poder Legislativo opera sin publicar información básica como la distribución de su presupuesto anual —que supera los 800 millones de pesos—, el número de iniciativas presentadas por diputada o diputado, ni los contratos o licitaciones otorgadas, lo que contrasta con la apertura que sí exhiben otros congresos estatales.

Desde su instalación en noviembre de 2024, el Congreso local ha presentado bajos niveles de participación legislativa: en promedio, solo entre 37 y 39 de los 50 diputados han asistido a las sesiones. Esta inasistencia persistente no se acompaña de medidas correctivas, ni de informes públicos sobre las causas o consecuencias. Además, organizaciones que evalúan la transparencia legislativa advierten la falta de voluntad institucional para abrir los datos relacionados con el gasto público, las decisiones parlamentarias y los procesos legislativos.

La ausencia de información sobre los recursos públicos asignados a cada rubro del Congreso ha encendido las alertas entre especialistas, quienes señalan que se trata de una legislatura que “hace como que trabaja” pero evade sistemáticamente su responsabilidad frente a la ciudadanía.

En el contexto nacional, el Congreso veracruzano destaca no por sus aportes legislativos, sino por su bajo desempeño y por mantener prácticas poco claras en el ejercicio del gasto público. Esto debilita la confianza en el Poder Legislativo estatal y obstaculiza el seguimiento ciudadano a las decisiones que se toman desde el recinto parlamentario. La falta de transparencia afecta no solo la legitimidad del órgano, sino también la posibilidad de que los veracruzanos conozcan el rumbo de los recursos que les pertenecen.

En resumen, la LXVII Legislatura se enfrenta a una creciente desaprobación ciudadana y a cuestionamientos legítimos sobre el destino del dinero público, la eficacia de sus representantes y la necesidad urgente de que se imponga la rendición de cuentas como norma, no como excepción.