Texistepec, Ver. - Fiscalía de Veracruz acusa de terrorismo a 11 detenidos tras balacera en Unidad Minera de Texistepec /

Redacción Bitácoras Políticas | Texistepec, Ver. | 11 May 2025

Tras el violento ataque armado ocurrido el pasado 3 de mayo en la Unidad Minera de la ex Compañía Exploradora del Istmo (CEDI), la Fiscalía General del Estado acusó formalmente a once personas por los delitos de terrorismo y lesiones. Los hechos dejaron seis personas heridas, dos de ellas de gravedad. Entre los implicados se encuentra el abogado Martín Ortega Pérez, presunto intermediario de los empresarios Francisco González Azamar y Levi Craig Culbertson, señalados como autores intelectuales y actualmente prófugos.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos —actualmente recluidos en el penal de Acayucan— participaron en la agresión a miembros de la Asociación Civil Unidos por Texistepec, en medio de una disputa por el control de recursos naturales altamente cotizados. La materia en conflicto es una mezcla de hidrocarburos, bentónica y chapopoteras presentes en la Laguna de Minas, con valor millonario por su uso en la elaboración de asfalto.

La investigación ha revelado que González Azamar y Culbertson, antes aliados de Unidos por Texistepec A.C., hoy operan al margen de la asociación y presuntamente intentan explotar y vender la materia prima sin consenso del colectivo. En contraste, la asociación —ahora encabezada por Domingo Flores Álvarez— busca instalar fábricas locales que industrialicen el material, generando empleos en la región.

El abogado Martín Ortega Pérez, identificado como enlace directo con Levi Craig, sostuvo una reunión con este medio días antes del ataque. En ella, reveló que el empresario estadounidense ofrecía 1.20 pesos por litro de hidrocarburos extraídos, estimando que podrían movilizarse hasta mil pipas por semana, lo que representaría ingresos multimillonarios para los operadores.

El caso tomó un giro político y judicial cuando la Fiscalía imputó cargos de terrorismo contra los detenidos, mientras que familiares de algunos choferes incluidos en la lista argumentan que solo fueron contratados para transportar personas sin conocer los fines reales de la movilización.

Mientras tanto, los empresarios señalados permanecen sin ser localizados, aunque en caso de que se formalice una acusación contra Culbertson, el asunto podría escalar a nivel internacional al requerir notificación a la embajada de Estados Unidos.

Este episodio violento y sus ramificaciones legales evidencian el riesgo latente en la disputa por los recursos naturales en Veracruz, donde el vacío legal y los intereses cruzados alimentan un conflicto que ya ha dejado heridos, detenidos y una comunidad dividida.