Ciudad de México - Los presidentes del Congreso denuncian que 26 aspirantes no cumplen con requisitos éticos ni constitucionales; solicitan al INE cancelar sus registros /

Redacción Bitácoras Políticas | Ciudad de México | 05 May 2025

En una acción sin precedentes, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas a cargos en el Poder Judicial por no cumplir con los requisitos constitucionales de buena reputación y preparación académica. El oficio fue presentado en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025.

De acuerdo con los legisladores, 18 de las personas enlistadas están vinculadas a investigaciones penales federales vigentes —por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada— y otras 8 no alcanzan el promedio mínimo de 8.0 requerido en estudios de licenciatura en Derecho, lo que contraviene lo establecido en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El informe entregado por ambos legisladores incluye evidencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión, así como vínculos de algunas personas candidatas con actividades del crimen organizado. “La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, advirtió Gutiérrez Luna al reiterar que la imparcialidad y la buena reputación no son opcionales, sino principios rectores del Poder Judicial.

Fernández Noroña respaldó la solicitud y subrayó que permitir el avance de estas candidaturas comprometería la legitimidad de la reforma judicial en curso. “No se puede hablar de transformación del sistema de justicia si se tolera que aspiren a estos cargos personas sin el perfil mínimo requerido, ya sea por vínculos delictivos o deficiente formación académica”.

Los legisladores detallaron que los promedios de los aspirantes reprobados oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, señalaron, “no solo afecta la calidad profesional, sino también la credibilidad ciudadana en el nuevo modelo judicial que busca garantizar una impartición de justicia cercana, ética y eficiente”.

Por ello, exigieron al INE la revisión inmediata de los expedientes y la cancelación de los registros correspondientes para evitar que perfiles inadecuados lleguen a ocupar cargos de alta responsabilidad en tribunales y juzgados del país. La petición se presenta como un acto en defensa de la soberanía legal y la justicia social.