Ciudad de México - Yunes Márquez, bajo la lupa: oculta empresas en su declaración patrimonial /

Redacción Bitácoras Políticas | Ciudad de México | 01 May 2025

Miguel Ángel Yunes Márquez, senador expulsado del PAN tras votar a favor de la reforma judicial, enfrenta un nuevo escándalo por presuntamente haber ocultado información relevante en su declaración patrimonial ante el Senado de la República. Según una investigación de EMEEQUIS, el legislador aseguró no tener bienes inmuebles ni participación en empresas privadas, pese a figurar como socio activo en al menos ocho compañías inscritas en el Registro Público de Comercio.

Las empresas ligadas al legislador abarcan sectores como combustibles, alimentos, minería, desarrollo inmobiliario e importación de mercancías. Entre ellas destacan Hidrocarburos Imosa, cadena de gasolineras en Veracruz; Mr. Pampas Linda Vista, restaurante ubicado en Nuevo León; y Desarrollos Habitania GMB, dedicada a proyectos residenciales en Ciudad de México y la Riviera Maya. Aun con estas relaciones mercantiles, Yunes Márquez reportó “cero ingresos adicionales” a su sueldo como senador y negó tener cualquier conflicto de interés.

El hallazgo ha encendido alertas entre especialistas en transparencia, quienes advierten que la omisión de sociedades empresariales podría constituir una falta grave, al impedir el escrutinio público sobre potenciales intereses cruzados. Además, el caso cobra especial relevancia por tratarse de un legislador que ha estado en el centro de varias polémicas recientes: fue expulsado del PAN en 2024, intentó afiliarse sin éxito a Morena, y mantiene un historial de confrontaciones con su propio grupo parlamentario.

Los documentos consultados revelan que, además de Imosa y Habitania, Yunes Márquez también mantiene vínculos con firmas como Promoagro, comercializadora agrícola; Praxislong Pralo, importadora de alimentos; y Grupo Inverproperties, administradora de centros comerciales. Todas ellas registradas de manera formal, con su nombre en actas constitutivas o como apoderado legal.

El senador no ha emitido declaración pública sobre las revelaciones, ni ha aclarado si las omisiones fueron deliberadas o por desconocimiento. De confirmarse la falsedad en su declaración patrimonial, podría enfrentar sanciones administrativas e incluso inhabilitación para ejercer cargos públicos, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.