29 Nov 2025

La comparecencia de la titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC) de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, ante el Congreso local, no fue un mero ejercicio de rendición de cuentas; se transformó en un juicio político sobre la gestión de la reciente emergencia por inundaciones en la zona norte del estado.

Lo que los legisladores de oposición expusieron es un panorama preocupante: una dependencia que, a pesar de la experiencia de su titular, mostró serias fisuras en su capacidad técnica, de alertamiento y financiera.

​Uno de los puntos más álgidos y que polarizó el debate fue el perfil profesional de la Secretaria. El diputado Héctor Yunes Landa puso el dedo en la llaga al cuestionar si una Licenciatura en Antropología Social y una Maestría en Literatura, complementadas con cursos de pocas horas, son suficientes para liderar una secretaría que gestiona riesgos de vida.

​Si bien la experiencia en el cargo (siete años) es valiosa, en una dependencia de alto riesgo como Protección Civil, la formación técnica y científica específica es vital. La Ley General de Protección Civil establece principios de gestión integral del riesgo, lo que implica conocimientos en hidrología, meteorología, ingeniería civil y planificación territorial.

La SPC no solo debe reaccionar; debe prevenir con base en datos técnicos. La evasión de la Secretaria a abordar la crítica a su formación solo refuerza la percepción de que la dependencia podría carecer del liderazgo técnico que una entidad tan compleja como Veracruz demanda.

​El tema central de la emergencia fue la ineficacia de las alertas tempranas en los ríos Cazones y Pánuco. La Secretaria defendió la activación de la Alerta Gris SIATVER y argumentó que los ríos del norte son de "respuesta rápida," limitando el tiempo de aviso a solo seis horas antes de la inundación de Poza Rica.

​No obstante, la Ley 856 de Protección Civil de Veracruz y la Ley General de Protección Civil obligan a la coordinación interestatal (con Querétaro, San Luis Potosí, Puebla) para el monitoreo de escurrimientos en las cuencas. Los sistemas de alerta no deben depender únicamente de las condiciones locales, sino de la previsión hidrometeorológica de toda la cuenca.

​La excusa de que "no fue un tema de coordinación, son las condiciones climáticas" es una defensa débil. El trabajo de la SPC es, precisamente, convertir el riesgo climático en información accionable y oportuna para la población. La suspensión de clases, si no va acompañada de una alerta contundente para la evacuación o resguardo de la población, es una medida a medias que no salva vidas.
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​Quizás el señalamiento más grave fue el relativo a la cobertura financiera ante el desastre. La oposición confirmó que la póliza del seguro catastrófico anterior venció el 31 de mayo, dejando al estado sin respaldo durante el pico de la temporada de lluvias.

​La titular defendió el uso del Fideicomiso (con más de $1,022 millones de pesos) como el nuevo "instrumento de transferencia de riesgos," y criticó la ineficiencia del seguro anterior. Sin embargo, la creación de una supuesta "Nueva Aseguradora Veracruzana" que, según los diputados, no tiene registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) ni ha sido fondeada, añade un manto de opacidad. La falta de este registro, de confirmarse, significaría que la entidad no tiene la capacidad legal ni financiera para responder ante un evento catastrófico.

​La comparecencia estalló con una exigencia directa de renuncia por parte de la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, quien presentó un documento en tribuna y culpó a la gestión de la Secretaria por la supuesta muerte de 37 personas y 7 desaparecidos. Las acusaciones de uso político de la ayuda humanitaria (despensas de Taiwán etiquetadas con calcomanías de legisladores de Morena) mancharon aún más el ejercicio.

​La Secretaria optó por un mensaje institucional de unidad en lugar de ofrecer respuestas técnicas o asumir responsabilidades, ignorando preguntas clave sobre el Atlas de Riesgo o la coordinación. ​"Veracruz requiere de profesionalismo y de entrega de sus servidores públicos... ¿Secretaria, usted puede dormir tranquila?" fue el cierre de reclamos por parte de la diputada Valdés Salazar.

​La pregunta encapsula la sensación que dejó la comparecencia: si la falta de profesionalismo, la deficiente coordinación interestatal, y la irresponsabilidad en la cobertura financiera estatal son la norma, ¿quién protege realmente a los veracruzanos ante el próximo desastre?

​El Congreso ha exigido respuestas formales. La atención se centra ahora en la Gobernadora Rocío Nahle García, quien comparecerá el próximo 3 de diciembre. Su posición sobre las fallas expuestas en Protección Civil será determinante para la credibilidad de su administración en materia de seguridad y respuesta ante emergencias.

En fin, con su permiso de su excelencia. Esto no es una columna sería...