Xalapa, Ver.- Este miércoles, el Congreso de Veracruz prevé votar el desafuero de dos presidentes municipales, una decisión que, de aprobarse, permitirá que la Fiscalía General del Estado (FGE) y, en uno de los casos, también la Fiscalía General de la República (FGR) continúen con las investigaciones sin el obstáculo de la inmunidad procesal.
La discusión involucra a Raúl González, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo, presidente municipal de Úrsulo Galván, aunque ambos enfrentan expedientes distintos.
En el caso de Raúl González, la investigación está relacionada con el asesinato de la comunicadora Roxana, y la información que ha trascendido señala que la Fiscalía indaga como posible móvil una fotografía en la que presuntamente aparecía el edil portando un arma de uso exclusivo del Ejército. Con base en esa línea de investigación, el Ministerio Público busca imputarlo como presunto autor intelectual del crimen.
El expediente de Bertín Bravo corresponde a otro caso. La solicitud de desafuero está vinculada con la investigación por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta. De acuerdo con declaraciones públicas del propio alcalde, éste reconoció haberse reunido con el empresario antes de los hechos, circunstancia que forma parte de las indagatorias.
Conviene recordar que el Congreso del Estado no determinará la responsabilidad penal de ninguno de los dos alcaldes. Su facultad se limita a resolver si mantienen o pierden el fuero constitucional, permitiendo que las fiscalías presenten los casos ante un juez, quien será el encargado de decidir si existen elementos suficientes para vincularlos o no a proceso.
La verdadera prueba para la FGE comenzará después de la votación legislativa. Una vez retirado el fuero, corresponderá al Ministerio Público sostener sus acusaciones con pruebas suficientes para que prosperen en los tribunales, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.
