Ciudad de México, 20 de junio de 2026.- Colectivos de personas trans y no binarias mantienen una protesta dentro de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de que, aseguran, no obtuvieron respuesta a su solicitud de diálogo con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
La movilización comenzó la tarde del 18 de junio, cuando integrantes de organizaciones como Lleca-Escuchando la Calle, Abuelas Trans y otros colectivos ingresaron a un salón de la dependencia federal para exigir el cumplimiento de una serie de compromisos relacionados con los derechos de las personas trans en México.
Los manifestantes afirman que su principal demanda es la construcción de una agenda legislativa y de políticas públicas que garantice protección efectiva contra la discriminación, acceso a servicios de salud, educación, empleo y reconocimiento pleno de la identidad de género.
Exigen reformas constitucionales
Entre las demandas centrales se encuentra la reforma al artículo 1º de la Constitución para incorporar explícitamente la identidad de género como categoría protegida contra cualquier forma de discriminación.
Asimismo, solicitan modificar el artículo 73 constitucional para otorgar facultades al Congreso de la Unión que permitan legislar de manera integral sobre los derechos de las personas trans en todo el país.
Los colectivos sostienen que la ausencia de una legislación federal ha provocado que el acceso a derechos dependa de las condiciones políticas y jurídicas de cada entidad federativa, generando desigualdades entre estados.
La Ley Integral Trans
Otra de las exigencias es la aprobación de una Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, iniciativa que actualmente se encuentra en proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
La propuesta busca garantizar mecanismos de reconocimiento de identidad de género, acceso a documentación oficial acorde con la identidad de las personas, atención médica especializada, inclusión laboral, acceso a la educación y medidas específicas contra la violencia y la discriminación.
De acuerdo con los colectivos, la legislación permitiría establecer criterios homogéneos en todo el país y reducir las barreras institucionales que enfrentan miles de personas trans.
Reclaman incumplimiento de recomendación de la CNDH
La protesta también está vinculada con la Recomendación 42/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se documentaron violaciones a derechos fundamentales de la población trans en ámbitos como salud, educación, vivienda, trabajo y acceso a la justicia.
Aunque la recomendación fue aceptada por las autoridades involucradas, activistas sostienen que su cumplimiento ha sido parcial y que los avances no se han traducido en cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida de la comunidad.
Victoria Sámano, una de las voces visibles de la movilización, ha señalado que las acciones emprendidas hasta ahora resultan insuficientes frente a los niveles de violencia, exclusión y precariedad que enfrentan las personas trans en el país.
Segob y la exigencia de diálogo
Los manifestantes han insistido en la necesidad de sostener una reunión directa con la secretaria de Gobernación para establecer una ruta de trabajo y revisar el estado de los compromisos asumidos por el gobierno federal.
Hasta el cierre de esta edición no se había informado oficialmente sobre una mesa de negociación con los colectivos que mantienen la protesta.
Mientras tanto, los activistas reiteraron que permanecerán movilizados hasta obtener respuestas concretas a sus planteamientos.
Un debate que llega al Congreso
La protesta ocurre en un momento en que el tema de los derechos de las personas trans vuelve a ocupar espacios en la agenda legislativa nacional.
La iniciativa de Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans continúa su discusión en la Cámara de Diputados, donde organizaciones civiles buscan que sea analizada y dictaminada durante el actual periodo legislativo.
Para los colectivos, la aprobación de esta legislación representaría un paso importante para reducir la discriminación estructural y garantizar condiciones de igualdad jurídica para una población que históricamente ha enfrentado exclusión y violencia.
El desenlace de las negociaciones con Segob y el avance de las reformas propuestas serán determinantes para conocer si las demandas planteadas por los manifestantes logran traducirse en cambios legales e institucionales de alcance nacional.
